Desde el pasado 30 de marzo comenzaron las campañas electorales donde los cuatro aspirantes a la presidencia de México buscarán la estrategia para obtener una mayor cantidad de votos con el firme propósito de estar en Los Pinos durante los próximos seis años. Los spots siempre han sido los elementos propagandísticos con mayor impacto más allá de sus respectivos anuncios impresos, sin contar con el nuevo espacio al que recurren para promocionarse: Internet.
Para que no prevalezca un apoyo directo o indirecto hacia alguno de los candidatos, existen reglamentos y hasta la propia Constitución Política, las cuales regulan principalmente la difusión de programas o acciones del gobierno a nivel federal, así como en cada uno de los estados de la República con el objetivo de evitar relacionar las campañas sociales como un logro propio de uno de los presidenciables.
No ha transcurrido una semana de iniciadas las campañas oficiales y ya hay un mar de denuncias por parte de los partidos políticos y de los mismos candidatos al notar y demandar ante el Instituto Federal Electoral (IFE) la preferencia y el apoyo de los medios o del gobierno en turno hacia sus contrincantes.
Un ejemplo a analizar es la queja que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) hizo ante el IFE el 3 de abril pasado en contra de Felipe Calderón, actual presidente de México y Alejandro Poiré, secretario de Gobernación, debido a los anuncios gubernamentales transmitidos todavía en radio, prensa y televisión. A través de Sebastián Lerdo de Tejada, representante del PRI ante el Instituto, explicó en un documento que los promocionales del gobierno debieron ser cancelados a partir del 30 de marzo, pues así lo establece el artículo 237 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE).
Si se recurre a este Código, Lerdo de Tejada cae en un error, ya que dicho artículo sólo menciona que las campañas electorales a nivel federal tendrán una duración de noventa días. El artículo referente a la suspensión de difusión de la propaganda gubernamental es el número dos, cuyo contenido dice que durante el periodo de campañas electorales hasta la conclusión de la jornada comicial, el primero de julio, se deberá omitir todo tipo de propaganda del gobierno salvo las relacionadas con el sector educativo, salud y protección civil en caso de emergencia.
En el acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral (CG75/2012) se encuentran las peticiones del Subsecretario de Normatividad de Medios de la Secretaría de Gobernación, quien solicitó una excepción para continuar con la promoción de los comerciales de la Lotería Nacional, los anuncios de la Secretaría de Turismo y del Servicio de Administración Tributaria (debido a las declaraciones anuales), los comerciales en materia de educación con la campaña “Cultura del agua, versión Nuevos Hábitos 2012”, así como las actividades artísticas y culturales del Consejo Nacional Para la Cultura y las Artes (Conaculta).
También el gobierno del estado de Puebla pidió estar exento para poder dar difusión de propaganda sobre la “Conmemoración del 150 aniversario de la batalla del cinco de mayo”, solicitud aceptada por ser un evento de valor educativo y cultural, siempre y cuando sea promocionado en el periodo del 15 de abril al 6 de mayo de 2012.
Sin embargo, lo que el IFE no exceptuó entre estas peticiones son las campañas relativas a “servicios educativos en materia financiera, seguridad pública y de prevención del delito, así como la de la cultura de la legalidad de la Secretaría del Desarrollo Social (Sedesol)”, porque de lo contrario, se violentaría a la reglamentación constitucional y perjudicaría a los candidatos.
Por lo tanto, los mensajes que Alejandro Poiré pretendía difundir en los medios acerca de un plan para denunciar los casos de extorsión telefónica y llamar al 088, fueron negados por el organismo electoral. Tampoco los comerciales alusivos a la labor del Ejército en la lucha contra el narcotráfico serán emitidos en este lapso comicial, y en cuanto a la cultura de la legalidad promovida por la Sedesol tampoco fue admitida, pues ya existen los spots de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade).
Aun así, hay una confusión respecto a la propaganda gubernamental exenta, ya que la queja del PRI hacia el IFE se debe a que la candidata del Partido Acción Nacional, Josefina Vázquez Mota, menciona sus logros realizados cuando presidió en la Secretaría de Educación Pública (SEP) y en la Sedesol. En uno de sus spots alude a los cerca de tres millones de pisos firmes colocados en zonas rurales, el cual fue parte de uno de los programas del presente gobierno.
La pregunta aquí es saber si no existe prohibición de lo anterior porque parece más bien un anuncio de la Sedesol y no de una postulante a la presidencia. Lo mismo ocurre con el tema de la educación al hablar de los exámenes aplicados a los maestros y la eliminación en la venta de plazas. Lo contrario sucedería con Enrique Peña Nieto, quien solamente se remite a decir “tú me conoces, sabes que sé comprometerme” y no hace referencia a sus objetivos cumplidos en su gubernatura en el Estado de México, aunque también se apoya en la promoción de las zonas turísticas, tipo de comerciales permitidos a la Segob durante este proceso electoral.
Hasta el momento no hay una queja por parte del IFE hacia los spots de los presidenciables por violar algún lineamiento de sus acuerdos o reglamentos, pero todavía darán a conocer más de sus propuestas y por ende, nuevas transmisiones en los medios de comunicación. Así pues, falta saber si el Instituto electoral atenderá a las acusaciones del PRI hacia Calderón y Alejandro Poiré, o si hará caso omiso y los demás postulantes adoptarán nuevas estrategia en sus spots.
